Señal
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El oficialismo venezolano y un sector de la oposición iniciaron el jueves en Caracas su primer diálogo formal, respaldado por Estados Unidos, con miras a una transición política y la celebración de elecciones. La reunión ocurrió siete meses después de la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense. Delcy Rodríguez encabeza el gobierno interino, aunque figuras del régimen anterior aún controlan instituciones y estructuras de poder clave. Las delegaciones acordaron principios sobre soberanía, negociación de buena fe, derechos humanos y garantías políticas.
Representantes del Gobierno y la oposición iniciaron una nueva ronda de negociación en Caracas y acordaron mantenerse en sesión permanente hasta el 12 de agosto. Las delegaciones, encabezadas por Jorge Rodríguez por el oficialismo y la exdiputada Dinorah Figuera por un sector opositor, definieron el método de trabajo, las etapas y los principios del proceso. Estos incluyen reconocimiento mutuo, igualdad política, buena fe y una salida pacífica, democrática y constitucional. El plazo será una primera prueba tras varios diálogos fallidos.
El 10 de junio, OFAC emitió nuevas licencias generales y modificó otras para distintas actividades vinculadas con Venezuela. Las medidas abarcan el comercio de crudo venezolano, productos petroquímicos y diluyentes, además de operaciones de petróleo, gas y minería dentro del país. También incluyen ciertas transacciones relacionadas con la estatal PDVSA, por lo que el paquete incide directamente en los sectores energético, minero y de materias primas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos emitió la Licencia General 58 sobre Venezuela, que permite prestar ciertos servicios al Gobierno venezolano vinculados con una posible reestructuración de deuda. La medida abre una vía definida dentro del régimen de sanciones para adelantar trabajos relacionados, aunque la información disponible no precisa los servicios, las contrapartes elegibles, el cronograma ni si ya comenzó un proceso formal.
Un informe del Servicio de Investigación del Congreso, actualizado el 6 de enero, analiza los asuntos que deberá considerar el Congreso después de que el presidente Trump informara que ataques militares estadounidenses en Venezuela culminaron, el 3 de enero, con la captura y detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos. El hecho marca una ruptura profunda en el orden político venezolano y en la relación bilateral.
El presidente Donald Trump y otros funcionarios estadounidenses informaron sobre una operación militar de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Maduro fue sacado del país en avión después del operativo, ejecutado durante la madrugada. Trump luego se dirigió a la nación para hablar sobre la acción. La información disponible no precisó el destino de Maduro ni cómo quedaría organizado el gobierno venezolano.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos emitió la Licencia General 44A relacionada con Venezuela. La autorización permite el cierre ordenado de transacciones vinculadas con operaciones del sector petrolero o gasífero venezolano. OFAC también publicó una serie de preguntas frecuentes sobre la licencia, que establece el marco aplicable para las partes que estén terminando esas operaciones bajo esta medida.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la Licencia General 44 el 18 de octubre de 2023, autorizando transacciones vinculadas con operaciones petroleras y gasíferas en Venezuela. El permiso estará vigente solo hasta las 12:01 a. m., hora del este, del 18 de abril de 2024. OFAC también publicó preguntas frecuentes relacionadas para orientar la evaluación de transacciones energéticas durante ese período.
El expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, afirmó que Venezuela obtuvo más de $14.000 millones por ventas de petróleo en el primer semestre del año. Según dijo, el país exportó 187,1 millones de barriles entre enero y junio, lo que equivale a despachos promedio cercanos a 1 millón de barriles diarios. La declaración sugiere que el sector petrolero sigue generando caja en una magnitud clave para las cuentas externas y la capacidad fiscal del país.
El Gobierno aseguró que seguirá adelante con la reestructuración de la deuda externa pese al impacto de los terremotos. La estrategia incluye tanto los compromisos de la República como los de Pdvsa, con un pasivo total estimado en más de 170.000 millones de dólares. La administración presenta este proceso como una vía para reordenar el perfil financiero del país y conseguir recursos para reconstruir viviendas e infraestructura tras la emergencia.
Evanan Romero, exdirector ejecutivo de PDVSA, sostiene que el plan del gobierno de Trump para reactivar la economía venezolana está fracasando porque el sector petrolero sigue sin seguridad jurídica ni inversión privada significativa. Advierte que estas limitaciones mantienen paralizada a la industria, mientras PDVSA busca conservar el control del 60% de la producción sin aportar capital. Su diagnóstico expone el desbalance entre el control estatal y el financiamiento necesario para recuperar la producción.
Productores ganaderos de Apure se reunieron en la sede del gremio en San Fernando, donde Agapure planteó un plan maestro para ordenar políticas públicas orientadas al crecimiento del sector. La nota sugiere un intento de los productores de pasar de demandas puntuales a una agenda más estructurada para la actividad pecuaria en uno de los estados agropecuarios más importantes de Venezuela.
Productores del estado Bolívar aseguran que tienen dos meses sin recibir gasoil, lo que agrava los problemas de movilización en medio del fuerte deterioro de las vías. La federación regional del sector también pidió al Gobierno corregir fallas en la vacunación contra la fiebre aftosa para evitar interrupciones en el abastecimiento. La combinación de escasez de combustible, mala logística y problemas sanitarios está frenando la actividad agropecuaria y elevando el riesgo de menor oferta de alimentos.
La oficina de sanciones del Tesoro de EE. UU. emitió una nueva licencia relacionada con los bonos de Pdvsa y Citgo, mientras sigue en curso la venta judicial de Citgo Petroleum. Para los inversionistas, esto importa porque los términos de esa licencia pueden influir en cómo se manejan los reclamos sobre activos venezolanos en el exterior y en la lectura sobre recuperaciones, riesgo de ejecución y límites de cumplimiento bajo sanciones.
La oficina de sanciones del Tesoro de EE UU renovó una licencia que impide negociar bonos de deuda venezolana respaldados con la mitad de Citgo. La medida sigue frenando, por ahora, acciones de los tenedores sobre esa garantía y mantiene protegida a la filial refinadora de PDVSA en Estados Unidos. Para los inversionistas, esto prolonga una restricción clave sobre la ejecución de deuda en default y deja sin cambios el marco legal y sancionatorio alrededor de uno de los activos externos más importantes de Venezuela.
El FMI advirtió que, si el petróleo se mantiene por encima de $100 por barril, la economía mundial enfrentaría una combinación más complicada de inflación más alta y menor crecimiento. La alerta se planteó en el contexto de posibles disrupciones como una crisis en Ormuz. Para Venezuela, la señal es mixta: precios más altos del crudo pueden mejorar el ingreso externo, pero una desaceleración global también enfría el apetito por riesgo y complica una recuperación apoyada en demanda y financiamiento externos.
Ballard Partners planea abrir una oficina en Caracas en medio de un mayor interés empresarial por Venezuela. La decisión llega después de los cambios políticos de enero y coincide con la meta declarada del gobierno de Estados Unidos de impulsar hasta 100 mil millones de dólares en inversiones para el sector energético venezolano. Para los inversionistas, esto sugiere que firmas de asesoría en acceso al mercado y relaciones gubernamentales ven suficiente flujo potencial de negocios como para instalarse localmente, aun con un entorno de riesgo todavía frágil.
La canadiense NSE está negociando con PDVSA cinco proyectos petroleros, en una señal de que busca retomar presencia en Venezuela tras su salida en 2024 por las sanciones de EE. UU. contra PDVSA y sus socios. La nota sugiere un nuevo acercamiento entre un operador extranjero y la petrolera estatal pese al entorno sancionatorio. Para los inversionistas, esto funciona como una señal directa sobre si todavía hay espacio para exposición al sector aguas arriba venezolano bajo las restricciones actuales.
Venezuela logró acceder a US$346 millones del FMI para atender la recuperación tras los sismos, usando su tramo de reserva en el organismo, según el reporte. Ese mecanismo es distinto de los cerca de US$4.500 millones en DEG que siguen retenidos. La solicitud llega mientras el Ejecutivo insiste en el levantamiento de sanciones y en la liberación de recursos bloqueados, conectando la atención de la emergencia con las restricciones financieras más amplias que enfrenta el país.
El Banco Central de Venezuela reportó para el 11 de agosto una tasa oficial de 761,21 bolívares por dólar, con lo que el tipo de cambio superó el umbral de 761 bolívares. La cotización oficial del euro quedó en 879,34 bolívares. Estas cifras constituyen la referencia más reciente del valor de la moneda local frente a ambas divisas, con el avance del dólar como dato central de la jornada.